El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recuperado la propuesta de un pacto nacional contra la emergencia climática tras el incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas. La iniciativa, originalmente presentada en agosto de 2025 durante otra ola de incendios, cuenta con documentos y propuestas concretas desde diciembre del año pasado, pero enfrenta serias dificultades para su financiación e implementación.
El pacto de Estado fue propuesto por primera vez hace casi un año y desde entonces ha generado un amplio proceso de consulta que derivó en un documento formal presentado en diciembre de 2025, con un acto oficial celebrado en Moncloa el 17 de diciembre. Sin embargo, la ausencia de Presupuestos Generales aprobados en esta legislatura y el reciente rechazo del Congreso a la senda de estabilidad complican el panorama para su materialización.
Un proceso de consulta amplio pero sin avances concretos
El desarrollo del pacto climático ha incluido un proceso participativo de gran escala. La primera presentación de aportaciones se realizó en septiembre de 2025, seguida de la Conferencia de Ponferrada en octubre del mismo año. El informe final fue producto de casi 4,000 aportaciones proporcionadas por más de 1,300 representantes de diversos sectores.
Entre los participantes se encuentran miembros de la comunidad científica, patronales, sindicatos, expertos de administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones agrarias. Este proceso de consulta culminó con la propuesta de 15 ejes de actuación que conforman la estructura del pacto nacional.
El Gobierno ha respondido a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, señalando que sus medidas propuestas ya están incluidas en los documentos presentados en septiembre de 2025 y completados en la conferencia de Ponferrada en octubre. Desde el Ejecutivo consideran que Feijoo llega tarde con sus propuestas al debate climático.
El bloqueo político y presupuestario frena el pacto
La implementación del pacto contra la emergencia climática enfrenta un obstáculo fundamental: la falta de financiación asegurada. En la última semana de julio de 2026, el Congreso rechazó la senda de estabilidad con 178 votos provenientes del PP, Vox, UPN y Junts. Esta votación ocurrió específicamente el martes de esa semana.
La senda de estabilidad rechazada fijaba los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto hasta 2029, elementos fundamentales para la planificación financiera de cualquier política pública de largo alcance. Además, no se han aprobado Presupuestos Generales en esta legislatura, lo que limita severamente la capacidad del Gobierno para destinar recursos a nuevas iniciativas.
Esta situación genera incertidumbre sobre la viabilidad práctica del pacto, incluso cuando existe un consenso amplio sobre la necesidad de actuar frente a la emergencia climática y sus consecuencias, como los recientes incendios forestales.
Las organizaciones agrarias reclaman mayor participación
Representantes de organizaciones agrarias han expresado su preocupación por el estancamiento del proceso. Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien sostuvo una reunión con el ministro de Agricultura Luis Planas, manifestó su inquietud sobre el desarrollo del pacto.
tienen la sensación de que deciden por nosotros
Por su parte, Cristóbal Cano, secretario general de UPA, ha señalado la falta de progreso real en un tema que considera prioritario. Según Cano, el pacto debe pasar por el Congreso de los Diputados para su legitimación y aprobación formal.
No ha habido más avances en un tema prioritario, que se debe sacar de la confrontación política
La percepción desde el sector agrario es que existe una falta de voluntad política generalizada para alcanzar acuerdos en cualquier materia, lo que afecta también al pacto climático. Góngora de COAG enfatizó la necesidad de lograr un consenso amplio y duradero.
un alto grado de consenso, para que no se modifique al día siguiente independientemente de quien gobierne
Esta visión refleja la preocupación de que las políticas climáticas puedan verse afectadas por cambios de gobierno si no cuentan con un respaldo político suficientemente amplio que trascienda las legislaturas.
El contexto de emergencia climática en España
La reactivación del pacto se produce en un contexto de creciente preocupación por los efectos del cambio climático en España. El incendio de Los Gallardos que causó 13 muertes ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de contar con políticas coordinadas y con financiación suficiente para prevenir y gestionar emergencias climáticas.
El documento presentado en diciembre de 2025 contiene propuestas específicas organizadas en los 15 ejes de actuación desarrollados a partir de las miles de aportaciones recibidas durante el proceso de consulta. Sin embargo, la traducción de estas propuestas en medidas concretas y financiadas permanece pendiente.
La ausencia de Presupuestos Generales y el rechazo a la senda de estabilidad plantean dudas sobre la capacidad del Gobierno para implementar las medidas del pacto, incluso si se lograra un acuerdo político amplio en el Congreso.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se propuso por primera vez el pacto climático en España?
El presidente Pedro Sánchez propuso por primera vez el pacto nacional contra la emergencia climática en agosto de 2025, durante otra ola de incendios forestales. Desde entonces se ha desarrollado un proceso de consulta que culminó con un documento formal en diciembre de 2025.
¿Cuántas personas participaron en la elaboración del pacto?
El proceso de consulta incluyó casi 4,000 aportaciones de más de 1,300 representantes de diversos sectores, incluyendo la comunidad científica, patronales, sindicatos, expertos de administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones agrarias.
¿Por qué el pacto climático enfrenta dificultades para su implementación?
El principal obstáculo es la falta de financiación asegurada. El Congreso rechazó la senda de estabilidad con 178 votos en julio de 2026, y no se han aprobado Presupuestos Generales en esta legislatura, lo que limita la capacidad de destinar recursos a las medidas propuestas en el pacto.
El pacto nacional contra la emergencia climática permanece en una situación de incertidumbre, con documentos elaborados y un amplio consenso técnico sobre las medidas necesarias, pero sin el respaldo presupuestario ni el acuerdo político suficiente para su implementación efectiva. Las organizaciones agrarias insisten en que debe existir una voluntad política real de sacar el tema de la confrontación partidista para garantizar su continuidad independientemente de los cambios de gobierno.
