Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig presentaron un escrito ante la Comisión Europea denunciando que el Gobierno español no aplica de forma inmediata la ley de amnistía, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la norma considerándola compatible con el derecho comunitario. La denuncia se apoya en el artículo 4 de los Tratados de la UE sobre cooperación leal.
Los tres exconsejeros catalanes señalan específicamente que el Tribunal de Cuentas español incumple la decisión de la justicia comunitaria al no proceder con celeridad. Sin embargo, expertos consultados advierten que esta acción tiene mayor recorrido desde el punto de vista político que en sentido práctico, ya que la Comisión Europea carece de facultades para acelerar procesos judiciales nacionales.
El argumento central de la denuncia ante Bruselas
El escrito presentado por los denunciantes y su abogado Gonzalo Boye sostiene que existe un incumplimiento deliberado de la sentencia del TJUE por parte de un órgano jurisdiccional español. La denuncia hace énfasis en las consecuencias económicas directas para los denunciantes.
Dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros
El documento enviado a Bruselas alega que el Tribunal de Cuentas solicitó alegaciones a acusaciones y defensas con un plazo de diez días, procedimiento que los denunciantes consideran contrario a la aplicación inmediata que esperaban tras el respaldo europeo. Además, acusan que el tribunal español ha tergiversado públicamente la decisión comunitaria mediante una nota de prensa oficial.
La posición de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía
La Comisión Europea se pronunció sobre la ley de amnistía en 2025, opinando que la norma no responde al interés general sino a un acuerdo político para investir a Pedro Sánchez en 2023. Esta posición revela la perspectiva institucional europea sobre el origen de la ley, aunque finalmente el TJUE determinó su compatibilidad con el derecho comunitario.
La Comisión señaló en su momento que la ley obliga a los jueces a decidir en un plazo fijo de dos meses sobre la aplicación de la amnistía. Este marco temporal es el que precisamente está en disputa, ya que los denunciantes consideran que los tribunales españoles no están respetando el espíritu de celeridad que, según ellos, debería regir tras la sentencia europea.
El alcance práctico limitado de la denuncia
Especialistas en derecho europeo consultados señalan que la denuncia tiene escaso recorrido práctico. La razón principal es que el TJUE deja en manos de los tribunales nacionales la resolución individual de cada caso de amnistía, sin entrar en la celeridad de aplicación de la ley.
La denuncia tiene más recorrido desde el punto de vista político que en sentido práctico
La Comisión Europea no puede acelerar procesos judiciales en los estados miembros. Si percibiera una vulneración del derecho de la Unión Europea, podría abrir un procedimiento de infracción contra España, pero este proceso tomaría aproximadamente dos años si llegara nuevamente ante el TJUE. Este plazo convierte la denuncia en una herramienta de presión política más que en una solución inmediata.
El papel clave de los tribunales españoles
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tendrán un papel determinante en la aplicación de la amnistía. Se prevé que el TC podría pronunciarse a la vuelta del verano, aunque no existe una fecha específica confirmada. La sentencia del TJUE avaló la compatibilidad de la ley con el derecho europeo, pero no estableció obligaciones sobre la velocidad de su implementación.
Otros exconsejeros catalanes como Jordi Turull, Raül Romeva y Oriol Junqueras también están pendientes de la aplicación de la amnistía en sus respectivos procedimientos. La resolución de los tribunales españoles será la que finalmente determine los efectos prácticos de la norma para todos los implicados en el proceso independentista.
Las medidas cautelares y su impacto económico
Las medidas cautelares que gravan a Puigdemont, Comín y Puig ascienden a más de 9,5 millones de euros, según consta en la denuncia presentada. Esta cantidad representa el peso económico que los denunciantes argumentan como urgencia para una aplicación inmediata de la amnistía.
El Tribunal de Cuentas estableció un plazo de diez días para la presentación de alegaciones, procedimiento que sigue su curso administrativo mientras los denunciantes recurren a instancias europeas. La combinación de estos procedimientos administrativos con la denuncia ante Bruselas configura una estrategia legal múltiple que busca presionar desde diferentes frentes.
Preguntas frecuentes
¿Puede la Comisión Europea acelerar la aplicación de la amnistía en España?
No. La Comisión Europea carece de facultades para acelerar procesos judiciales nacionales. Solo podría abrir un procedimiento de infracción si detectara vulneración del derecho comunitario, proceso que tomaría aproximadamente dos años.
¿Qué dice la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía considerándola compatible con el derecho europeo, pero no entró en aspectos sobre la celeridad de su aplicación por parte de los tribunales españoles.
¿Qué tribunales españoles tienen la última palabra sobre la amnistía?
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tendrán papel clave en la aplicación de la amnistía. Se espera que el TC pueda pronunciarse a la vuelta del verano, aunque sin fecha específica confirmada.
La denuncia presentada ante Bruselas por los tres exconsejeros catalanes representa una estrategia de presión política y mediática mientras los procedimientos judiciales siguen su curso en España. Los expertos coinciden en que las decisiones definitivas dependerán de los tribunales españoles, no de las instituciones europeas, ya que el marco legal establecido por el TJUE deja en manos nacionales la resolución individual de cada caso.
