La defensa de Carles Puigdemont decidió no solicitar al juez instructor Pablo Llarena que levante la orden de detención nacional vigente en su contra. Fuentes del entorno del expresident confirmaron que la estrategia legal se centra ahora en esperar la resolución del Tribunal Constitucional sobre el amparo presentado contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación.
Esta decisión se produce días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitiera un fallo el jueves 17 de julio de 2026 confirmando que la ley de amnistía encaja dentro del derecho europeo. Sin embargo, Puigdemont sigue sin poder regresar a España sin riesgo de detención y procesamiento por malversación, ya que el pronunciamiento europeo no resuelve su situación judicial inmediata.
La estrategia legal se concentra en el Constitucional
El entorno de Puigdemont prefiere no mover ficha ante el instructor del Tribunal Supremo y concentrar sus esfuerzos en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. Este amparo cuestiona la interpretación que hizo el Supremo de la ley de amnistía cuando decidió excluir al líder de Junts de su aplicación en julio de 2024.
El Tribunal Constitucional no entrará a deliberar el caso antes de octubre de 2026, según las previsiones actuales. Este órgano, dedicado a dictaminar sobre la constitucionalidad de leyes y proteger derechos fundamentales, podría corregir una decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si estima las pretensiones del expresident catalán.
El abogado Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont, presentó el escrito de amparo acusando al Supremo de realizar una interpretación contraria a la norma. En su argumentación, Boye señaló que el tribunal realizó:
una lectura extensiva y valorativa que atribuye al acusado una finalidad de enriquecimiento allí donde no existe ni prueba ni indicio racional de tal propósito
La interpretación del Supremo sobre malversación
El Tribunal Supremo argumentó en su auto de julio de 2024 que los actos de malversación no fueron amnistiables cuando no persiguieran obtener beneficio personal de carácter patrimonial. En su razonamiento, el tribunal consideró que Puigdemont se enriqueció al usar dinero público en lugar de pagar con su propio dinero, señalando que los acusados:
hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio
El Supremo añadió que estos fondos públicos se destinaron a objetivos que calificó como:
a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria
Esta interpretación contrasta radicalmente con la posición de la defensa, que niega cualquier finalidad de enriquecimiento personal y considera que la ley de amnistía debería aplicarse al caso.
El contexto político de la ley de amnistía
La ley de amnistía fue condición para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El partido Junts aportó siete votos fundamentales para permitir al líder socialista permanecer en la Moncloa. La norma fue diseñada por el PSOE y Junts con intervención del propio abogado Gonzalo Boye.
A pesar de este acuerdo político y del diseño específico de la ley, el Tribunal Supremo interpretó que el tipo de malversación atribuido a Puigdemont no quedaba cubierto por la amnistía. Esta decisión dejó al expresident fuera del perdón legal que se esperaba beneficiara a los líderes independentistas catalanes procesados por los acontecimientos del referéndum de 2017.
La situación judicial actual de Puigdemont
Actualmente, Carles Puigdemont mantiene una orden de detención nacional activa, lo que significa que cualquier intento de regresar a territorio español resultaría en su detención inmediata. El fallo del TJUE sobre la conformidad de la ley de amnistía con el derecho europeo no modifica esta realidad práctica.
La decisión de no solicitar el levantamiento de la orden de detención responde a un cálculo estratégico: las fuentes cercanas al expresident consideran que es más probable obtener un resultado favorable esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que intentando convencer nuevamente al juez instructor Pablo Llarena o al Tribunal Supremo de cambiar su interpretación.
El Constitucional, a diferencia del Supremo, no es un tribunal jurisdiccional ordinario, sino un órgano especializado en garantías constitucionales. Si estima el amparo, podría determinar que la interpretación del Supremo vulneró derechos fundamentales de Puigdemont y ordenar una reconsideración del caso.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía?
El TJUE confirmó el 17 de julio de 2026 que la ley de amnistía española encaja dentro del derecho europeo. Sin embargo, este fallo no resuelve la situación judicial específica de Puigdemont en España.
¿Cuándo resolverá el Tribunal Constitucional el amparo de Puigdemont?
El Tribunal Constitucional no entrará a deliberar el caso antes de octubre de 2026, según las previsiones actuales del órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido.
¿Por qué el Tribunal Supremo no aplicó la amnistía a Puigdemont?
El Tribunal Supremo argumentó en julio de 2024 que los actos de malversación atribuidos al expresident no fueron amnistiables porque consideró que hubo beneficio personal patrimonial al usar dinero público en lugar de fondos privados.
La estrategia legal de Puigdemont depende ahora exclusivamente de que el Tribunal Constitucional determine si el Supremo interpretó correctamente la ley de amnistía o si, por el contrario, vulneró derechos fundamentales en su aplicación. Mientras tanto, la orden de detención nacional permanece activa y el expresident continúa sin poder regresar a España.
