El Consejo de Ministros aprobará este martes la senda de estabilidad que incluye los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, los mismos parámetros que fueron tumbados la semana pasada en el Pleno del Congreso. La presentación volverá a realizarse el jueves ante la Cámara Baja, donde se prevé un nuevo rechazo por parte de los grupos parlamentarios que ya votaron en contra.
La ley obliga al Gobierno español a volver a presentar la senda tras su rechazo inicial. En caso de que el Pleno la tumbe nuevamente, el ejecutivo estaría considerando la posibilidad de recurrir a los objetivos fiscales comprometidos con la Comisión Europea como referencia, según confirmó el departamento de Hacienda dirigido por Arcadi España.
Alianza parlamentaria rechazó la propuesta inicial
PP, Junts, UPN y Vox tumbaron la senda de estabilidad en la votación de la semana anterior a esta nueva presentación. El rechazo impidió que el Gobierno avanzara con su planificación fiscal para los próximos años, obligándolo a reactivar el proceso desde el Consejo de Ministros.
El ministro de Hacienda ha defendido la coherencia de la propuesta gubernamental, señalando la contradicción de rechazar instrumentos que permiten mayor capacidad de gasto. Las declaraciones de España apuntan a la necesidad de aprobar estos objetivos para garantizar el margen fiscal de las administraciones regionales.
No se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo.
El titular de Hacienda también enfatizó la falta de lógica en oponerse a otorgar mayor flexibilidad presupuestaria a las regiones.
No tiene sentido votar en contra de otorgarle una décima más de margen fiscal a las comunidades autónomas.
Objetivos fiscales y distribución del ajuste
La senda propuesta establece un objetivo de déficit público del 1,8% del PIB para 2027, que se reduciría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. Los parámetros actuales permitirían a las comunidades autónomas incurrir en un déficit del 0,1% durante tres años, lo que representa un margen extra de 5.849 millones de euros para las regiones.
Bajo esta propuesta, el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo de reducción del déficit presupuestario, mientras que las entidades locales deberían cerrar con déficit cero. La distribución del ajuste fiscal muestra una carga diferenciada entre los distintos niveles de la administración pública.
El techo de gasto récord contemplado alcanza los 226.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto a 2025. En términos absolutos, este aumento representa 14.006 millones de euros adicionales frente al ejercicio anterior.
Posible recurso a los objetivos pactados con Bruselas
En caso de un nuevo rechazo parlamentario, el Gobierno estaría considerando la posibilidad de utilizar como referencia los objetivos fiscales comprometidos con la Comisión Europea. Este mecanismo ya fue estudiado en 2024, cuando María Jesús Montero era ministra de Hacienda y el ejecutivo contó con un informe de la Abogacía del Estado sobre la viabilidad de esta opción.
Sin embargo, existe incertidumbre sobre la aplicabilidad de este precedente, ya que las reglas fiscales europeas entraron en vigor el 1 de enero de 2025. La viabilidad legal de recurrir a los objetivos acordados con Bruselas bajo el nuevo marco normativo europeo no ha sido confirmada públicamente por el Gobierno.
La vuelta a la senda comprometida con la Comisión Europea obligaría a las autonomías a cerrar en equilibrio, eliminando el margen de déficit del 0,1% contemplado en la propuesta gubernamental actual. Esta medida podría generar tensiones con las administraciones regionales que esperan contar con mayor flexibilidad presupuestaria.
Contexto político y especulaciones electorales
El rechazo de la senda de estabilidad se produce en un momento de inestabilidad política, con tres prórrogas consecutivas de presupuestos desde el año 2023. La falta de aprobación de nuevos presupuestos generales del Estado ha limitado la capacidad del Gobierno para implementar nuevas políticas fiscales y de gasto.
Existe especulación en el ambiente político sobre un posible adelanto de elecciones generales, con rumores que apuntan al primer trimestre de 2027. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por el ejecutivo ni por los principales partidos políticos.
El departamento de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con los objetivos previstos, manteniendo su compromiso con la planificación fiscal establecida pese a las dificultades parlamentarias. La estrategia gubernamental apunta a insistir en la misma propuesta mientras explora alternativas legales en caso de un nuevo bloqueo legislativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la senda de estabilidad presentada por el Gobierno?
La senda incluye objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto. Establece metas de déficit del 1,8% del PIB para 2027, 1,6% para 2028 y 1,5% para 2029, con un techo de gasto de 226.032 millones de euros.
¿Qué margen de déficit tendrían las comunidades autónomas?
Los objetivos actuales permiten a las regiones incurrir en un déficit del 0,1% durante tres años, lo que representa un margen extra de 5.849 millones de euros. Las entidades locales deberían cerrar con déficit cero.
¿Qué pasaría si el Congreso vuelve a rechazar la senda?
El Gobierno podría recurrir a los objetivos fiscales comprometidos con la Comisión Europea, aunque la viabilidad de esta opción bajo las reglas fiscales europeas vigentes desde enero de 2025 no ha sido confirmada oficialmente.
La nueva presentación de la senda de estabilidad en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso marca un momento decisivo para la política fiscal española. El desenlace de la votación del jueves determinará si el Gobierno puede avanzar con su planificación presupuestaria o si deberá activar mecanismos alternativos basados en los compromisos europeos.
