Pedro Sánchez ha decidido abrir un frente que hasta ahora había mantenido al margen de la crisis de Ceuta al utilizar la ausencia de Felipe VI en la ciudad autónoma como argumento contra quienes cuestionan la actuación del Gobierno. Con ello, el presidente desplaza parte de la conversación hacia la Corona justo cuando debería explicar qué ocurrió en la frontera en julio y qué respuesta ha dado el Ejecutivo ante una entrada masiva de unas 72.000 personas.
La comparación que utilizó Sánchez tampoco resiste una comprobación básica, porque afirmó que Felipe VI lleva más de veinte años como rey cuando su llegada al trono se produjo en junio de 2014. La equivocación es especialmente problemática porque Sánchez la utiliza para cuestionar políticamente al jefe del Estado, mientras mezcla dos funciones que la Constitución mantiene perfectamente diferenciadas.
Sánchez gobierna. Felipe VI reina. Esa diferencia debería bastar para entender quién tiene que explicar una crisis migratoria que afecta a una frontera española y que ha dejado consecuencias que ya no admiten discusiones.
El Gobierno, sin embargo, ha escogido otro relato. Sánchez ha defendido la cooperación de Marruecos y ha descartado atribuirle responsabilidad por lo ocurrido, mientras ha dirigido sus críticas hacia “campañas de desinformación” y sectores que, según su explicación, alimentaron una versión falsa de la crisis.
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Aquí aparece el movimiento hacia Felipe VI. Intentaron que Ceuta llegara al terreno de la Corona, y que el debate cambiara de naturaleza para terminar desplazando el asunto original. El presidente aspiraba conseguir así que durante días se hablara de la presencia del Rey, de sus funciones y de sus obligaciones constitucionales, mientras la gestión de la frontera quedaba relegada a un segundo plano.
La Constitución española no deja margen para la interpretación política que pretende sugerir Sánchez. Felipe VI es el jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, mientras que sus actos requieren, con las excepciones previstas constitucionalmente, el refrendo correspondiente. Su papel dentro de una monarquía parlamentaria no equivale al de un gobernante que decide la política migratoria, dirige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o establece la estrategia exterior del país. El problema político permanece en otro lugar, porque ninguna fotografía del jefe del Estado puede sustituir las explicaciones que corresponden al Ejecutivo.
La maniobra merece atención porque introduce a la institución monárquica en una disputa que corresponde específicamente a Pedro Sánchez, quien tiene a su disposición a los organismos, a los ministerios y a las competencias necesarias para afrontar una crisis migratoria. También tiene el derecho de defender su actuación y de cuestionar a sus adversarios, lo que difícilmente puede trasladar a otro despacho es la responsabilidad política por las decisiones que toma su Gobierno.
Ceuta necesita respuestas sobre su frontera, sobre la relación con Marruecos y sobre las medidas que evitarán una nueva entrada masiva. Esas respuestas tienen un responsable político perfectamente identificado y se sienta en el principal despacho de La Moncloa.
