Sumar presiona para que el Gobierno español apruebe un nuevo decreto de vivienda antes del 23 de julio, fecha prevista para un pleno extraordinario en el Congreso. Sin embargo, el PSOE expresa dudas sobre la viabilidad de lograr un acuerdo parlamentario en los próximos días, en un escenario político marcado por la imprevisibilidad de Junts y las amenazas de rechazo por parte de Podemos.
El nuevo decreto busca abordar la crisis de vivienda con medidas en dos bloques principales: contención de precios de alquileres y aumento de oferta de vivienda asequible. No obstante, las condiciones impuestas por diferentes formaciones políticas complican su tramitación. Junts ya tumbó otro decreto de vivienda impulsado por Sumar en abril de 2026, lo que genera incertidumbre sobre el respaldo necesario para la aprobación.
Medidas incluidas en el decreto y posiciones de los partidos
El decreto propuesto incluiría medidas como regulación de contratos temporales, prórroga de alquileres, obligatoriedad de firmar contratos por escrito y bonificaciones en IRPF para quienes bajen precios de renta. También contempla una subida del IVA al 21% para viviendas turísticas, como parte de las acciones para incrementar la oferta de vivienda asequible en el mercado de alquiler tradicional.
Junts presentó en abril una proposición no de ley con propuestas de deducciones fiscales por compra de vivienda y para propietarios. Además, condiciona su apoyo a acelerar la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos, demandando que en España el límite figure en 85.000 euros anuales de facturación. Su propuesta también incluye rebajas fiscales al alquiler para rentas máximas de hasta 33.007,20 euros.
Hacienda rechaza llegar al límite de 85.000 euros por las pérdidas económicas que supondría para el Estado. Esta negativa complica aún más la búsqueda de apoyos suficientes para la convalidación del decreto, que debe realizarse en un plazo de 30 días hábiles tras su aprobación en Consejo de Ministros.
Podemos amenaza con rechazar bonificaciones fiscales a caseros
Podemos anunció que votaría en contra si el decreto incluye bonificaciones fiscales a caseros, una medida que precisamente demanda Junts como condición para su apoyo. Esta postura genera un dilema para el Gobierno, que necesita contar con ambos bloques para asegurar la convalidación en el Congreso.
Si trocearon el escudo social para contentar a Junts, que troceen este para contentar a Podemos. Han hecho tantas barbaridades con las leyes que tenemos fundamentos para exigirlo
La formación morada, liderada por Ione Belarra como secretaria general, apoya la prórroga automática de contratos de alquiler para 2026 y 2027 y la regulación de contratos temporales. Sin embargo, critica que el Gobierno no ha hecho nada para resolver el problema de la vivienda. Fuentes de la formación señalan que el Ejecutivo debe considerar sus votos como imprescindibles.
Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también hay votos imprescindibles en la izquierda
Desde Sumar consideran que Podemos no se atreverá a rechazar el decreto porque perjudicaría directamente a los inquilinos, argumentando que el sindicato de inquilinas se les echaría encima. Mantienen una posición de que lo importante es el voto final, no las declaraciones políticas previas.
Calendario político y escenarios posibles para la votación
El calendario político previsto contempla el pleno extraordinario del 23 de julio de 2026, aunque esta fecha está sujeta a cambios según evolucionen las negociaciones. De aprobarse el decreto en Consejo de Ministros el 28 de julio, la votación en el Congreso podría retrasarse hasta la última semana de agosto o principios de septiembre, dependiendo de los acuerdos alcanzados.
El plazo legal de 30 días hábiles para la convalidación en la Cámara Baja otorga cierto margen de maniobra, pero también presiona al Gobierno para cerrar negociaciones rápidamente. La estrategia de Sumar pasa por forzar una aprobación antes del periodo vacacional de verano, mientras que el PSOE prefiere asegurar los apoyos necesarios antes de llevar el texto al Congreso.
Contexto de la crisis de vivienda y críticas al Gobierno
La crisis de vivienda en España ha sido uno de los principales flancos de crítica al Gobierno. Podemos sostiene que el Ejecutivo no ha implementado medidas efectivas para resolver el problema, a pesar de los compromisos adquiridos.
Si algo se ha llevado a este Gobierno por delante ha sido no hacer nada en materia de vivienda
Las fuentes consultadas reconocen que nadie espera demasiado de las negociaciones en curso, dado el historial de bloqueos parlamentarios en temas sensibles. La imprevisibilidad de Junts, que ya rechazó un decreto similar en abril, se suma ahora a las condiciones planteadas por Podemos, creando un escenario de máxima complejidad para el Gobierno de coalición.
Las formaciones políticas mantienen posturas públicas que complican el acuerdo: mientras algunos sectores insisten en bonificaciones fiscales para propietarios, otros las rechazan frontalmente por considerarlas un premio a quienes especulan con el mercado de alquiler.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se votará el decreto de vivienda en el Congreso?
La fecha prevista es el 23 de julio de 2026 en un pleno extraordinario, aunque podría retrasarse hasta la última semana de agosto o principios de septiembre según avancen las negociaciones y los acuerdos parlamentarios.
¿Qué medidas incluye el nuevo decreto de vivienda?
El decreto contempla regulación de contratos temporales, prórroga de alquileres, obligatoriedad de contratos por escrito, bonificaciones en IRPF para quienes reduzcan rentas y subida del IVA al 21% para viviendas turísticas, entre otras medidas de contención de precios y aumento de oferta asequible.
¿Por qué Podemos amenaza con rechazar el decreto?
Podemos votaría en contra si el decreto incluye bonificaciones fiscales a caseros, una medida que demanda Junts como condición para su apoyo. La formación considera que estas bonificaciones premian la especulación inmobiliaria.
¿Cuánto tiempo tiene el Congreso para convalidar el decreto?
El plazo legal para la convalidación en la Cámara Baja es de 30 días hábiles desde su aprobación en Consejo de Ministros, previsto para el 28 de julio de 2026.
Las negociaciones continúan mientras los partidos mantienen sus posiciones públicas. El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar demandas contradictorias para evitar un nuevo fracaso parlamentario en materia de vivienda. El resultado de estas conversaciones determinará si el decreto llega a votación en el pleno de julio o si deberá posponerse hasta alcanzar los apoyos necesarios para su convalidación.
