La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, rechazó las críticas del Partido Popular a la llamada ley de nietos al recordar que el propio PP incluía esta medida en su programa electoral de 2023. La norma, aprobada en octubre de 2022 como parte de la Ley de Memoria Democrática, ofrece nacionalidad española a descendientes de quienes se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo.
El PP reconoce haber apoyado originalmente la ley, pero acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber reinterpretado la norma mediante una instrucción administrativa publicada el 25 de octubre de 2022. Según el partido de la oposición, esta instrucción amplió significativamente el número de beneficiarios más allá de lo contemplado en la ley original.
El PP defendía la ley de nietos en campaña electoral
El Gobierno señala que Alberto Núñez Feijóo promovió activamente esta medida durante la campaña electoral de 2023. En el punto 344 de su programa electoral, el PP contemplaba mantener el derecho de opción a la nacionalidad española para descendientes de españoles mediante una ley reformada de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos.
Durante sus viajes a Sudamérica en campaña electoral, Feijóo se comprometió públicamente con la medida. En noviembre de 2022, el líder del PP se fotografió en Buenos Aires con descendientes de españoles y manifestó su compromiso con impulsar una ley de nacionalidad para nietos de españoles en el exterior.
Hoy en Buenos Aires he podido estar con la colectividad española y trasladarles mi compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior, y a derogar la mal llamada Ley de Memoria Democrática
El programa electoral del PP establecía que la comunidad de descendientes de españoles mantendría el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley reformada. El documento reconocía la necesidad de reforzar los consulados encargados de tramitar los expedientes de nacionalidad.
La acusación del PP sobre reinterpretación administrativa
El partido de la oposición sostiene que el problema no radica en la ley original, sino en su aplicación posterior. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, explicó que el Gobierno modificó unilateralmente los criterios mediante una instrucción administrativa dictada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, quien dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Según el PP, el Congreso rechazó expresamente una enmienda para ampliar el reconocimiento de nacionalidad a todos los emigrantes, limitando el beneficio a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, la instrucción habría extendido el alcance a emigrantes en general.
Nos llaman hipócritas e incoherentes, pero es mentira
El PP afirma que la ley debía beneficiar exclusivamente a descendientes de exiliados políticos, pero la instrucción administrativa cambió estos parámetros.
Los criterios temporales de la instrucción administrativa
La Instrucción publicada el 25 de octubre de 2022, unos días después de la entrada en vigor de la norma, establece criterios temporales específicos. Para españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, se presume automáticamente la condición de exiliado.
Para salidas ocurridas entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, la condición de exiliado debe acreditarse mediante documentación específica. Esta diferenciación temporal resulta central en la disputa entre ambas formaciones políticas.
Donde decía que era solo para exilio, ahora eran todos
El PP denuncia que esta interpretación administrativa permitió que personas cuyos ancestros emigraron por razones económicas, y no políticas, pudieran acceder a la nacionalidad española. Según el partido de la oposición, existen aproximadamente 2,5 millones de expedientes relacionados con esta norma.
Gobierno defiende coherencia de la aplicación
Desde el Ejecutivo rechazan las acusaciones de incoherencia y señalan que el PP está criticando una medida que ellos mismos promovieron durante la campaña electoral. La portavoz Elma Saiz subrayó que Feijóo compartía esta medida con ciudadanos españoles en otras latitudes durante sus viajes de campaña.
En su propio programa electoral estaba llevando, contemplando y apoyando y anunciando y compartiendo con ciudadanos españoles en otras latitudes, medidas de este tipo
El Gobierno sostiene que la aplicación de la ley responde a criterios técnicos y jurídicos establecidos en la normativa aprobada, sin que exista la reinterpretación denunciada por el PP.
Acusaciones de ingeniería electoral
El PP ha anunciado que presentará iniciativas de fiscalización sobre este asunto. El partido de la oposición acusa al Gobierno de utilizar la ley con fines electorales al ampliar el número de beneficiarios mediante una decisión administrativa unilateral.
Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ‘ley de nietos’. Se hace de forma unilateral por parte del Gobierno y se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un Ministerio, no por ley
Esta acusación constituye el núcleo de la estrategia del PP para diferenciar su apoyo original a la norma de su crítica actual a la forma en que el Gobierno la habría aplicado. El partido sostiene que el problema no es la ley aprobada en octubre de 2022, sino la instrucción administrativa que seguiría criterios más amplios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la ley de nietos en España?
Es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 que ofrece nacionalidad española a descendientes de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo.
¿El PP apoyaba esta medida anteriormente?
Sí. El PP incluyó en el punto 344 de su programa electoral de 2023 el compromiso de mantener el derecho de opción a la nacionalidad para descendientes de españoles mediante una ley reformada.
¿Cuál es el punto de conflicto actual?
El PP acusa al Gobierno de ampliar indebidamente el alcance de beneficiarios mediante una instrucción administrativa del 25 de octubre de 2022, extendiendo el beneficio más allá de los descendientes de exiliados políticos hacia emigrantes en general.
La disputa política se centra en la interpretación y aplicación de una norma que ambas formaciones respaldaban en su concepción original. Mientras el Gobierno reprocha al PP su cambio de postura, el partido de la oposición sostiene que su crítica se dirige a la forma en que se ha implementado la ley mediante decisiones administrativas posteriores.
