El Partido Popular ha registrado preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas a la ministra de Defensa Margarita Robles, cuestionando por qué no ha hecho uso de su potestad legal de instar al cese de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la administración de justicia. La imputación fue dictada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez.
Según el Régimen del Personal de la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa tiene la capacidad legal de instar al cese tras procesamiento, imputación o medida cautelar en proceso penal. A pesar de ello, no se ha producido movimiento alguno más allá del respaldo expresado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacia la directora de la Guardia Civil. El PP argumenta que los delitos imputados son los contemplados como más graves por la normativa para valorar la suspensión de funciones.
La imputación de Mercedes González y el marco legal aplicable
El juez Santiago Pedraz imputó a Mercedes González por presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra la administración de justicia en el contexto de la investigación del caso Leire Díez. Esta decisión judicial sitúa a la directora de la Guardia Civil en una posición que, según el Partido Popular, debería activar los mecanismos previstos en el Régimen del Personal de la Guardia Civil para su eventual cese o suspensión de funciones.
El marco normativo establece que el Ministerio de Defensa puede instar al cese tras procesamiento, imputación o medida cautelar en proceso penal. Además, el Ministerio podría proponer la suspensión de funciones valorando criterios como la gravedad de los hechos, la existencia de prisión preventiva, el perjuicio al régimen del Instituto y la alarma social generada. Sin embargo, la decisión final de cese de ambos cargos dependería del ministro del Interior, competencia que recae en Fernando Grande-Marlaska.
Las preguntas del PP a Margarita Robles en el Congreso
El Partido Popular ha formalizado su cuestionamiento mediante preguntas registradas en el Congreso de los Diputados el 3 de julio de 2026. Los populares quieren saber por qué la ministra de Defensa no ha activado los procedimientos contemplados en la normativa, especialmente cuando los delitos imputados figuran entre los más graves según el régimen disciplinario aplicable a la Guardia Civil.
Las preguntas se centran en la inacción del Ministerio de Defensa a pesar de contar con la potestad legal para instar el cese. El PP sostiene que la gravedad de los delitos imputados justifica plenamente la aplicación de estos mecanismos, sin que hasta el momento se haya iniciado expediente alguno ni se haya propuesto medida cautelar respecto a la directora de la Guardia Civil.
Las declaraciones de dirigentes del Partido Popular
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, instó directamente a Robles a actuar sobre el caso. Según sus declaraciones, el partido exige una respuesta contundente ante la situación judicial de la directora de la Guardia Civil.
Le instamos nosotros y le exigimos que actúe
Por su parte, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, calificó la situación de forma crítica, señalando contradicciones entre el papel institucional de quienes dirigen cuerpos de seguridad y las acusaciones que enfrentan judicialmente.
insostenible
en España nadie está por encima de la ley
el Poder Judicial actúa
las personas que deberían estar persiguiendo el delito, presuntamente están cometiendo delitos
no pueden seguir con presuntos delincuentes al frente
El respaldo del ministro del Interior y la ausencia de movimientos
A pesar de las presiones políticas y de la imputación judicial, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha mantenido su respaldo público a la directora de la Guardia Civil. Este respaldo contrasta con las peticiones del Partido Popular, que considera que la situación jurídica de Mercedes González es incompatible con el ejercicio de sus funciones al frente del instituto armado.
La decisión final sobre el cese corresponde al Ministerio del Interior, no al de Defensa, aunque este último tiene capacidad de instar el procedimiento. Hasta el momento no se ha producido ningún movimiento administrativo en esa dirección, y la directora de la Guardia Civil continúa en su cargo mientras se desarrolla el proceso judicial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PP pide el cese de la directora de la Guardia Civil?
El Partido Popular solicita explicaciones porque Mercedes González fue imputada por el juez Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la administración de justicia en el marco del caso Leire Díez.
¿Qué dice la normativa sobre el cese tras una imputación?
El Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el Ministerio de Defensa tiene potestad de instar al cese tras procesamiento, imputación o medida cautelar en proceso penal, aunque la decisión final corresponde al ministro del Interior.
¿Quién debe tomar la decisión final sobre el cese?
La decisión final de cese corresponde al ministro del Interior, actualmente Fernando Grande-Marlaska, quien hasta el momento ha mantenido su respaldo a la directora de la Guardia Civil.
La situación plantea un escenario de tensión política entre el Gobierno y la oposición, con el marco legal como punto de discusión central. Mientras el PP insiste en que la normativa obliga a actuar ante una imputación de esta naturaleza, el Ejecutivo mantiene su postura de respaldo institucional a la directora de la Guardia Civil hasta que se resuelva el proceso judicial en curso.
