El Tribunal Supremo de España decidió por unanimidad no elevar a la Unión Europea el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno español, y rechazó suspender su aplicación. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo desestimó las peticiones presentadas por las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, que buscaban paralizar el procedimiento mediante medidas cautelares.
La resolución judicial representa un avance significativo para el proceso que ha registrado hasta ahora 1.174.978 peticiones, superando ampliamente la previsión inicial del Gobierno de 500.000 beneficiarios. El Supremo aún debe pronunciarse sobre el fondo de la norma, pero la decisión permite que el trámite continúe sin interrupciones mientras se resuelve el proceso judicial de fondo.
Decisión procesal sin pronunciamiento de fondo
El Tribunal Supremo consideró que no resulta pertinente plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en este momento. Los magistrados argumentaron que:
no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal
Las comunidades autónomas recurrentes habían solicitado que el Supremo elevara el caso al tribunal europeo mediante una cuestión prejudicial interpretativa, argumentando que el decreto podía entrar en colisión con el derecho comunitario. Sin embargo, la Sala rechazó tanto esta petición como las solicitudes de suspensión cautelar del proceso de regularización.
Más de un millón de solicitudes registradas
El proceso de regularización ha superado todas las expectativas iniciales. Al 1 de julio de 2026, ya se habían registrado provisionalmente más del 52% de las peticiones, lo que equivalía a 608.000 expedientes. Las entidades sociales colaboradoras calculan que la cifra definitiva de beneficiarios rondará el millón de personas, el doble de lo inicialmente previsto por el Gobierno.
Las solicitudes se han concentrado principalmente en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. El perfil demográfico de los solicitantes muestra que el 81% tiene menos de 45 años, mientras que el 67% procede de países de América Central y del Sur y el 22.9% de África.
Requisitos y plazos del proceso
Para acceder a la regularización, los solicitantes debían cumplir con tres requisitos fundamentales: haber llegado a España antes de enero de 2026, acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida en el país y carecer de antecedentes penales. Las ventanillas de presentación de solicitudes cerraron hace poco más de una semana desde el 8 de julio de 2026, fecha en que el Supremo emitió su resolución.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de Elma Saiz, expresó confianza en la validez jurídica del decreto tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo. La ministra ha defendido el proceso como una medida necesaria para regularizar la situación de miles de personas que ya residen en territorio español.
Contexto legal y proceso pendiente
La decisión del Supremo no implica una validación definitiva del decreto de regularización, sino únicamente el rechazo de las medidas cautelares y de la elevación del caso a instancias europeas en esta fase procesal. El tribunal aún debe entrar a valorar el fondo de la norma en un procedimiento que continúa su curso.
El proceso se enmarca en el contexto del Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024 por la Unión Europea. Las comunidades autónomas recurrentes argumentaban que el decreto podía estar en contradicción con el derecho comunitario, lo que motivó su petición de elevar el caso al TJUE.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió el Tribunal Supremo sobre la regularización de inmigrantes?
El Tribunal Supremo decidió por unanimidad no elevar el proceso a la Unión Europea y rechazó suspender la aplicación del decreto de regularización. El proceso continúa mientras el tribunal se pronuncia sobre el fondo de la norma.
¿Cuántas personas han solicitado la regularización?
Se han registrado 1.174.978 peticiones totales. Al 1 de julio de 2026 ya se habían registrado provisionalmente 608.000 expedientes, más del 52% del total. Las entidades sociales prevén que alrededor de un millón de personas finalmente se beneficien del proceso.
¿Qué requisitos debían cumplir los solicitantes?
Los requisitos eran haber llegado a España antes de enero de 2026, acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida en el país y carecer de antecedentes penales.
La resolución del Tribunal Supremo permite que el proceso de regularización continúe su curso sin interrupciones mientras se resuelve el procedimiento judicial sobre el fondo de la norma. La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, mantiene vigente un decreto que ha generado una respuesta que duplica las previsiones iniciales del Gobierno español.
